Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

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Justicia en la PGJE

jueves, 17 de abril de 2014
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El pasado martes fue un día histórico para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que tutela el abogado Ismael Quintanilla Acosta.

Y lo fue porque, por fin se anunció el tan anhelado aumento salarial que durante casi dos décadas esperaron agentes del Ministerio Público, policías, peritos y el resto de los operadores del sistema de procuración de justicia.
El sentimiento de euforia era palpable entre quienes tienen a cuestas la responsabilidad de procurar justicia y más concretamente de investigar los delitos.

El hecho no era para menos porque, aunque el incremento depende de la categoría de cada servidor público, en su mayoría duplicarán sus ingresos.
Por ejemplo, si un agente del Ministerio Público ganaba 15 mil pesos mensuales su percepción ahora será de 30 mil.
El aumento estará condicionado a que el funcionario apruebe los procesos de evaluación y control de confianza a que están obligados por ley.

A quienes ya superaron esa evaluación y obtuvieron la certificación para continuar en el cargo, se les entregó un cheque que incluye su aumento salarial con un jugoso retroactivo al mes de enero.
Sin duda este sustancioso incremento salarial impactara favorablemente en el desempeño de la PGJE.

No podrá ser de otra forma, porque ahora todos sus elementos buscarán cuidar su trabajo a través de un mejor rendimiento y ajustando su desempeño a estándares de honestidad y calidad.
En este espacio, a veces hasta con terquedad, insistimos durante años en que uno de los factores del fracaso en la depuración de las instituciones de seguridad pública y justicia, lo era precisamente los raquíticos sueldos que se pagaban a policías, fiscales y todo el resto de quienes están involucrados en la procuración de justicia.
Decíamos que era imposible pedirle rectitud a un agente ministerial, que con un ingreso menor de 10 mil pesos mensuales debía solventar las necesidades de su familia y la propia, sobre todo cuando era comisionado en plazas alejadas de su lugar de origen, donde debía pagar hospedaje, alimentación y transporte.
Por más bien intencionado que fuera el servidor público, las tentaciones de caer en lo ilícito para resolver sus carencias casi siempre se imponían.
Durante muchos años esa fue una realidad ignorada desde las altas instancias de poder.

Se privilegiaba la compra de patrullas y armamento, y se canalizaban cientos o miles de millones de pesos al año en tareas de capacitación y profesionalización, pero se olvidaban de lo más importante: del recurso humano.
Por eso, hoy que el Gobierno de Egidio Torre Cantú atiende ese rubro, se vale aplaudir.

En verdad, no se trata de algo menor, y lo veremos a la vuelta de pocos meses a través de una mayor eficiencia en la tarea de persecución de los delitos.
Es más, muy seguramente la PGJE podrá resolver también esa carencia de profesionistas interesados en incorporarse a sus filas, como fiscales o policías, porque para muchos ahora si valdrá la pena correr los riesgos que representan esos cargos.
En todo este logro es obligado reconocer la labor de gestión realizada por el titular de la PGJE.

Desde su llegada a la dependencia, Quintanilla Acosta se percató de las condiciones de carencia y de inconformidad bajo las que laboraba la mayor parte del personal, por lo que se fijó el propósito de buscar esa anhelada homologación salarial.
Por eso, ahora en que el incremento salarial ya es una realidad, Quintanilla quedará identificado como el Procurador del cambio.
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.

 

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