Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

“Aquí no están”

Hace cosa de un año, casi a las 11 de la noche, tocaron a la puerta de mi domicilio. Una visita o una llamada telefónica a deshoras no anuncia nada bueno, y lo comprobé tan pronto me asomé a la calle y vi a dos mujeres y un niño, con el rostro desencajado y con el llanto a punto de brotar.
Eran la madre, la esposa y el hijo pequeño de un oficial de Tránsito.

Iban en busca de ayuda porque unos soldados habían detenido al oficial y dos compañeros, luego de que un automovilista los acusó de secuestro, extorsión y un listado de delitos.
En realidad no había evidencias contundentes que ameritaran la detención de los agentes, pero los militares no entendieron razones, e interpretando el Derecho a su modo, los esposaron y se los llevaron con rumbo desconocido.
“Tenemos mucho miedo de que algo les suceda.

Hay testigos de que cuando los subieron a las camionetas los golpearon muy feo. Ya fuimos a buscarlos al Dos Zaragoza (la sede de Seguridad Pública Municipal) y nos dicen que ahí no los tienen.

Nadie nos da razón de ello” expresó con justificada angustia la mamá del agente.
Lo primero que se me ocurrió fue llevarlas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El velador localizó a un visitador, quien aceptó acompañarnos en la búsqueda de los agentes viales. En la Secretaría de Seguridad Pública, fueron tajantes: “Aquí no están.

Búsquenlos en otro lado”.
El último sitio a visitar era un cuartel habilitado para los militares en la Villa Olímpica de Tamatan.

La respuesta inicial también fue de “no los tenemos”, pero cuando el funcionario de Derechos Humanos advirtió al jefe militar las consecuencias de una privación ilegal de la libertad, soltó un “déjenme ver si los tenemos”.
Y si, diez minutos después, otro Militar regresó y advirtió: “solamente un familiar puede pasar”.

Los agentes viales estaban en celdas separadas. La golpiza recibida era evidente. Uno de ellos apenas podía hablar. Otro no logró evitar el llanto.
Ante la presión de la Comisión de Derechos Humanos, los militares se vieron obligados a remitir a los detenidos ante el Agente del Ministerio Público, quien cinco horas después los liberó.

El acusador jamás pudo probar su imputación.
Le hablo de ello para destacarle la importancia que tiene la iniciativa enviada el miércoles al Congreso local, por el Gobernador Egidio Torre Cantú, para incorporar en el Código Penal el delito de “desaparición forzada”.
Será un delito que se castigará con penas de 15 a 40 años de prisión.
El Código lo definirá así: “comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público estatal o municipal, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquél u otro servidor público estatal o municipal; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima, con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales y las garantías procesales procedentes".
Sin duda, el tema tiene trascendencia enorme debido a que, durante los últimos meses, el delito de “desaparición forzada” ha tenido una incidencia grave en el estado, y por supuesto en todo el país.

Basta voltear hacia Guerrero.
Pero no sólo lo cometen los particulares. También muchos policías han hecho de la “desaparición forzada” una práctica recurrente.

Detienen a personas, las llevan a sus instalaciones para “investigarlas”, y luego de horas o días deciden turnarlas ante el Ministerio Público o de plano liberarlas.
Ahora, una vez aprobada la reforma a la legislación penal, seguramente los policías tendrán que pensarlo dos veces antes de insistir en esa práctica.

Hablar de 15 ó 40 años en prisión no es cualquier cosa.
EL RESTO.
En el PAN tamaulipeco comienza a notarse la ausencia de José Alberto López Fonseca.
Tan pronto y el presidente del CDE obtuvo licencia para separarse del cargo, las cosas comenzaron a descomponerse hacia dentro del panismo local.
El más reciente y contundente ejemplo lo constituye la renuncia a la bancada del PAN, del diputado Salvador Rosas Quintanilla, quien decidió declararse independiente luego de ser agredido a golpes por su compañero, Juan Patiño Cruz.
Peor aún es el entreguismo hacia el PRI que está evidenciando el Secretario General del CDE panista, Pablo Cantú, quien ejerce interinamente la presidencia.
Los panistas están en una encrucijada : o regresan a López Fonseca a terminar su mandato, o de plano van a llegar completamente divididos a la elección del 2015.
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com