Exigen a gobierno pedir disculpas a reportera Karla Silva

LEÓN, Gto., noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) determinó que el ataque a la periodista Karla Janeth Silva Guerrero en el municipio de Silao, fue en represalia y amedrentamiento de su labor periodística, como corresponsal de El Heraldo de León.

La oficina del ombudsman estatal, Gustavo Rodríguez Junquera, estableció que existe una responsabilidad objetiva de la autoridad municipal de Silao por la acción de elementos de la policía municipal en la agresión a fin impedir "el goce del derecho humano a la libertad de expresión de la comunicadora".

Como consecuencia de la violación a los derechos humanos de la reportera, la PDHEG emitió siete recomendaciones para al alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, para que ofrezca una disculpa pública a Silva, con garantías de no repetición y una indemnización económica como reparación del daño.

En el expediente de queja 222/14-A, que se integró por la golpiza que el 4 de septiembre pasado sufrió Karla Silva en la redacción del periódico, se consignan diferentes momentos en que la comunicadora y el alcalde Solís tienen diferencias por los cuestionamientos y las respuestas que se formulan dentro de varias entrevistas.

Se suma a la investigación el testimonio de otro periodista, que anteriormente cubría la fuente de Presidencia Municipal de Silao, quién señala que recibió amenazas del munícipe por su labor.

Silva fue golpeada tres sujetos que habrían sido contratados por el director de la Policía de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero, quien está prófugo, y conducidos hasta las oficinas de El Heraldo por el director operativo de la corporación, Jorge Alejandro Fonseca Durán, para que "le bajara a sus notas", hechos por los que fueron detenidos y vinculados a proceso penal.

La PDHEH realizó un análisis de 233 notas publicadas en El Heraldo de León, entre el 1 de junio y el 3 tres de septiembre pasados y encontró que el 56.65% (132) contienen información relacionada directamente con la administración pública de Silao, 108 de estas con alguna expresión crítica en contra del gobierno municipal.

"Como resultado del caudal probatorio que se obtuvo, que la Administración Pública Municipal de Silao, no cumplió con la obligación de proteger a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en riesgo", pues se acreditó que la reportera informó al Coordinador Operativo de la Policía Municipal de Silao, hechos que indicaban una situación de riesgo y fue ignorada.

"En suma, existen elementos de prueba suficientes que permiten establecer cuando menos de manera indiciaria, que las lesiones, robo y amenazas en cuestión son parte de una acción con participación de agentes municipales y que no tenía como fin un ataque simple al derecho humano a la integridad de Karla Janeth Silva Guerrero, sino como represalia y amedrentamiento por la labor periodística que desempeñaba".

La PDHEG recomendó al alcalde de Silao que haga pública una disculpa institucional a Karla Janeth Silva Guerrero, por los actos su agravio consistentes en la Violación al Derecho a la Libertad de Expresión; misma que deberá contener un reconocimiento de responsabilidad institucional y otorgar garantías efectivas de No Repetición.

También que instruya el inicio de procedimiento de responsabilidad contra Jorge Alejandro Fonseca Durán, Nicasio Aguirre Guerrero y cualquier otro funcionario, que permita el total esclarecimiento de los hechos y aplicar las sanciones procedentes.

La recomendó indemnizar a la periodista, a manera de reparación del daño, por los gastos erogados o que habrá de tener respecto de la atención médica y psicológica necesaria para la atención de las secuelas de la agresión a la cual fuera sujeta.

Incorporar, en sus programas de educación y formación a los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, un módulo específico de derechos sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales.

Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los comunicadores y comunicadoras, incluida la condena pública a todo acto de agresión, omitiendo cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para las y los periodistas.

Asimismo, el respeto del derecho de los periodistas, a la reserva de las fuentes de información; la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión; la determinación de sanciones adecuadas de manera proporcionada al daño cometido, así como la elaboración de estadísticas precisas sobre la violencia contra periodistas.

Le propuso instrumentar, en cooperación con la autoridad estatal, medidas para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o de particulares.

Las medidas o programas de protección a periodistas deben resultar adecuadas y suficientes para cumplir su propósito, acotó.
Pidió al edil medidas para que se fortalezcan las políticas públicas de comunicación social, en las que bajo el irrestricto respeto a los derechos humanos se robustezca el diálogo con los medios de comunicación sin distinción alguna, cualquiera que sea su línea editorial.

El ombudsman emitió un acuerdo de no recomendación al Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, respecto de la Violación al Derecho a la Libertad de Expresión en la modalidad de omisión en la Investigación, de que se dolió Karla Janeth Silva , y que le fuera reclamada a personal adscrito a dicha Institución.