Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

Impunidad que duele

La impunidad es, sin duda, el principal origen del terrible baño de sangre en que nos tiene sumidos como país la inseguridad pública.

La ausencia de castigo para quienes violentan la ley es como una invitación para que muchos más hagan del delito su modus vivendi.
De hecho, para muchos criminólogos, sociólogos y juristas, gran parte del problema de violencia delincuencial que nos está ahogando como sociedad, proviene precisamente de esa ausencia de sanción para quienes cometen un delito.
Pero hay de impunidad a impunidad.

Por una parte, esta aquella que se origina porque la fuerza o el poder de la delincuencia supera a la de la autoridad. Desde luego que es criticable y lamentable este rebase del hampa hacia las instituciones de gobierno.
Pero en realidad, la impunidad que más duele, indigna y ofende, es la que se origina como consecuencia de la apatía, irresponsabilidad, o el valemadrismo de muchos servidores públicos y legisladores, que sin justificación alguna, no se aplican en cumplir con sus obligaciones.
Me explico: Resulta que desde el 2005 a la fecha, cientos o miles de menores que cometieron un delito del orden federal, han tenido que ser liberados porque simple y sencillamente, no existe una Ley Federal de Justicia para Adolescentes que se les pueda aplicar.
Es decir, decenas y decenas de delincuentes menores de 18 años, han recibido impunidad porque a nuestros Congresistas y al Poder Ejecutivo, no les dio ganas de apresurar la creación del ordenamiento normativo necesario para evitarlo.
“Todos los menores que cometen delitos federales en estos momentos, entran a prisión por una puerta y salen por la otra porque no hay forma de sancionarlos.

Los jueces estatales los reciben y los retienen unos días o semanas, pero al final tienen que soltarlos” dice al respecto, el Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Pedro Lara Mendiola.
Y es que ante la ausencia de ley federal y en consecuencia de jueces especializados en la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que fueran los jueces estatales los encargados de procesar a los menores que cometen delitos federales.

Pero como le digo, ante la falta de una norma aplicable, al final tienen que liberarlos.
Y le traigo a cuento este asunto porque cuando parecía que, por fin, entraría en vigor la dichosa Ley Federal de Justicia para Adolescentes, los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, se aventaron una reforma de último minuto para aplazar el plazo del inicio de vigencia.
El artículo primero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre del 2012, establecía que la Ley entraría en vigor el 27 de diciembre del 2014.
Sin embargo, 12 días antes de que venciera esa “vacatio legis”, el Congreso federal reformó el numeral y estableció que la ley entrará en vigor hasta junio del 2016, junto con el sistema acusatorio de justicia penal.
Eso significa que todavía habrá un año y medio de impunidad para los menores delincuentes.

Es decir, de aquí a allá, secuestradores, traficantes de drogas, y todo aquel que incurra en un ilícito federal, tendrá la certeza de que no enfrentara un castigo.
Lo peor de todo es que ni siquiera hay una explicación del porqué aplazar la vigencia de la ley.

Simplemente se prorrogó el plazo y ya.
¿Usted cree eso?
EL RESTO.
En Tampico, el alcalde Gustavo Torres Salinas, reiteró su compromiso en la defensa de los derechos humanos, al reunirse en sus oficinas con integrantes de la Codeht.
“Soy una persona que cree en los Derechos Humanos.

Cuando era diputado nos tocó participar en la gran reforma constitucional. Qué bueno que se haya ido avanzando en esta materia pese a las dificultades.

Todavía hay mucho por hacer, pero de mi parte voy a ser siempre un facilitador de los Derechos Humanos…” mencionó el edil, ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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