Vicente López Gómez, de 33 años de edad, padre de Emmanuel Francisco, uno de los dos niños que perdieron la vida después de ser vacunados en la comunidad La Pimienta, pidió en tzotzil que "no lo dejen solo" y clamó porque haya justicia por el fallecimiento de su hijo el pasado 8 de mayo.
Al concluir la marcha, en la que participaron cientos de católicos, Vicente, acompañado de su esposa Amalia Hernández, de 30 años, pidió que "nos unamos todos", para pedir justicia por el fallecimiento de Emanuel Francisco y Yadira, dos de los 31 niños que recibieron las vacunas contra el rotavirus, hepatitis B y tuberculosis.
Hacia las 10:00 horas, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez encabezó el inicio de la marcha en el parque central para dirigirse hacia la carretera que comunica La Pimienta, comunidad donde los médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vacunaron a los 31 menores de un mes a cinco años de nacidos.
Durante casi dos horas, las personas que llegaron de municipios vecinos como El Bosque, Hutiupán y Bochil, recorrieron los barrios de la cabecera municipal, para concluir frente al templo de San Antonio.
Entonaron cantos y rezos.

Durante la homilía, una niña leyó un escrito del "Pueblo creyente", afirmando que no confiaban en la versión oficial sobre el fallecimiento de los niños.
"No les creemos nada porque no hay transparencia", expresó la niña, quien recordó que casos como el ocurrido en La Pimienta ya se registraron en el municipio de San Fernando, donde vacunaron a 18 niños y horas después vomitaron sangre, sin que se sepa cuántos fallecieron.
Los manifestantes pidieron justicia, que se castigue "a los directivos del IMSS" y rechazaron recibir los cinco mil pesos como "ayuda" para las familias de los 31 niños, porque "nos parece más que una burla, que no encontramos palabra para describir nuestro coraje porque la vida no vale" este precio.
Recordaron que otros niños han muerto, como ocurrió en el hospital de Comitán, durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía y durante la matanza de Acteal, del 22 de diciembre de 1997, murieron cuatro nonatos.
El sacerdote Marcelo Pérez, responsable de la parroquia de San Antonio, consideró que la muerte de los niños es la "máxima expresión" de la marginación en materia de salud en las comunidades indígenas.