Alíber López

Optica Política

OPTICA POLITICA

Mientras el gobierno federal le pueda hacer al valiente en su propósito de generar múltiples reformas legislativas cuya concreción exige la inversión de recursos financieros que no es posible aplicarlos porque no se presupuestan, seguirá teniendo problemas sociales y creando incertidumbres.

En el tema de la educación, desde sus orígenes, el Artículo Tercero Constitucional no ha podido ser cumplido a cabalidad, desde el momento en que el laicismo y la gratuidad de la educación mantuvieron tolerancias con la poderosa Iglesia Católica y algunas de sus escuelas privadas, además de capitales privados, que en casi 100 años, han crecido en su oferta educativa atendiendo casi al 50% de la demanda de educación.
Las últimas reformas de febrero del 2013 a los Artículos Tercero y 73avo., de la Constitución, legalizan y alientan la educación privada, e impulsan la solución de los problemas de mantenimiento de las escuelas con aportaciones de la iniciativa privada y con bonos que, cuando se cobren, quien sabe cómo pagara el Gobierno, pues el presupuesto para educación es un porcentaje menor al 2% del PIB (Producto Interno Bruto).
También es vieja la Ley sobre Salarios Mínimos, pero entendemos que, constitucionalmente hablando, éstos deben ser suficientes para resolver problemas de una familia de 5 personas como promedio, en sus necesidades de salud, alimentación, educación, vivienda, vestido, diversión y ahorro.

Igualmente el artículo 27 constitucional que declara que la propiedad de las tierras, aguas de ríos y lagos, los bienes del subsuelo y las aguas marítimas territoriales, corresponden originalmente a la nación y ésta, a través de su gobierno, tendrá en todo momento la facultad de darle la modalidad que dicte el interés público, cuidando principalmente el interés social.
Por la dinámica social y gubernamental de los últimos 35 años de gobierno, ni los asuntos educativos, ni los salariales, ni de los de la defensa de los bienes energéticos de la nación, han mejorado; más bien se han deteriorado paulatinamente.

Tal hecho lo consideramos grave, por lo que se hace necesario que los políticos se pronuncien por medidas que busquen cambiar esa realidad.
En esta dimensión de los problemas de la sociedad, deberán estar atentos los precandidatos a los puestos de elección popular, desde la Gubernatura hasta los Ayuntamientos, pasando por las Diputaciones de los Congresos de los Estados.

El discurso que construyan tendrá sentido si se refieren a los temas que interesan a la sociedad: Salarios justos, empleos, educación, justicia y seguridad pública.